La situación de Venezuela en materia de derechos humanos es seguida de cerca por la oficina del alto comisionado a partir de 2017, cuando se produjeron dos informes sobre la situación país derivada de las protestas antigubernamentales de ese año.
Las autoridades de los centros penitenciarios están por encima de las decisiones de los jueces, la mayoría de los presos políticos tienen gravísimas patologías, como consecuencia de las torturas de las cuales son víctimas.
Ángel Fuentes, coordinador nacional de profesionales y técnicos, exigió la libertad plena de los presos políticos, así como el retorno de los exiliados.
Miembros del Frente Amplio de Mujeres recordaron que entre los más de 300 presos políticos hay luchadores sociales que no tienen ningún cargo político partidista y siguen privados de libertad solo por denunciar la crisis que se vive en Venezuela.
En la sesión de la Comisión Delegada, los diputados avalaron el acuerdo social sellado en México por el gobierno y la Plataforma Unitaria. A su vez reiteraron el empeño en lograr elecciones libres y atender la emergencia humanitaria.
Son más de quinientos entre unos y otros, sin contar con el buen número de militares arrestados en sus comandos o zonas y de civiles en aparente libertad pero inhabilitados para ejercer algunos de los derechos fundamentales de cualquier persona.
La actualización del informe del Foro Penal fue remitida a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y a la OEA, con la finalidad que estas instituciones también se mantengan al día sobre presos de conciencia en los calabozos del régimen.
La ONG también informó que la Fiscalía inició la investigación de 124 casos por solicitud de la CPI, pero consideran que “falta mucho camino y que no hay un comité de Comisión Nacional Contra la Tortura”.
Hay alrededor de quinientos compatriotas, entre civiles y militares, privados arbitrariamente de sus derechos fundamentales. Muchos de ellos han sido detenidos violando normas constitucionales y legales sin cuidar ni siquiera las formas procesales mínimas.
Prado hizo hincapié en el caso de Carlos Debiais, el fotógrafo que tiene boleta de excarcelación. Dijo que está detenido porque le tomó video a la casa de un general mientras hacía las tomas en Amuay.
