
Renzo Prieto indicó que el 12 de junio Sanabria se presentó “voluntariamente” a su cita en una corte de inmigración cuando fue apresado por agentes del Servicio de Control de Inmigración.
Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y la comunidad en general fueron convocados a mantenerse atentos y ejercer presión pública para garantizar la protección de Jhondry Caraballo.
22 años después, Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina siguen en la cárcel. Ellos, al igual que los comisarios Simonovis, Forero, Vivas y el sargento Rodríguez, fueron condenados a 30 años de prisión.
Es imperativo comprender que hay que salir de los nichos de telarañas, inútiles para el porvenir. Desterrar la mentalidad solazada en datos de un pasado que no volverá. Posibilitar a las nuevas generaciones curtidas de esfuerzos en el presente o las que podrán regresar del exterior con otras experiencias.
Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, al menos 93 presos políticos requieren asistencia médica urgente, que se ve retrasada por omisión de los tribunales y la negativa de los directores de las cárceles a efectuar los traslados
Los familiares del exalcalde del municipio Sifontes han denunciado el avance de las enfermedades que padece sin que se le brinde la atención médica necesaria.
“A esto se enfrentan los presos políticos que hoy sufren múltiples patologías y están en riesgo considerable. La comunidad internacional debe actuar inmediatamente ante los criminales de lesa humanidad que hoy se aferran al poder y que condenan a cientos de venezolanos a la muerte”, indicó el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.
Tal es la magnitud de la situación de salud de los presos políticos que se ha permitido a la Cruz Roja hacer jornadas de atención médica en los centros penales en las últimas semanas. Tras estas visitas, quienes presentan un estado grave obtienen una medida sustitutiva. Según el Ministerio Público, hasta el 25 de enero se excarcelaron a 1.896 personas.
Marbelis Lanz, de 53 años, fue apresada el pasado 8 de agosto y recluida en un centro penitenciario en Bolívar, tras casi 6 meses de su arresto, continúa sin recibir boleta de excarcelación.
Clippve exige al Estado de forma imperativa que informen oportuna y transparente el estado de salud de los presos políticos, ya que “la política de opacidad y la negación de información veraz y oportuna han obligado a los familiares a recurrir a fuentes no oficiales para conocer el estado de sus seres queridos”.