Según el observatorio, las instalaciones no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para resguardar a los líderes de bandas delincuenciales; por lo que la organización se preguntó sobre los criterios del Estado para elegir los penales que serían intervenidos.
De acuerdo con Remigio Ceballos, entre lo incautado en el operativo había 43 armas cortas, dos escopetas, cinco subametralladoras, una granada fragmentaria y 10 bombas lacrimógenas, 89 cargadores y un lanza granada.
ONG han denunciado que la intervención de estas prisiones solo agravará el hacinamiento en otros recintos y no resuelve los problemas estructurales del sistema penitenciario venezolano.
La ONG recordó que han denunciado “la existencia del pranato mixto, pues ya los reos venezolanos no solo sufren bajo el poderío nefasto de los pranes sino que ahora también deben lidiar con funcionarios corruptos que cobran en dólares”.
Lucy, esposa de Wilmer, ha denunciado que los cuerpos de seguridad del Estado no llegaron a una conclusión firme, sino a comentarios sobre su presunta muerte a manos de los jefes de bandas de delincuentes en las minas de Delta Amacuro.
El observatorio aseguró que el poder de los pranes “trasciende las paredes de las cárceles” y los convierte en jefes de estructuras criminales que usan delitos como las extorsiones y los asesinatos para atacar a la ciudadanía en general.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones, el 46% de la población reclusa en Venezuela está bajo el control del pranato, mientras que el 43% tiene un control mixto: régimen penitenciario y pranato.
El informe 2021 del Observatorio Venezolano de Prisiones, entre otras irregularidades destaca que el sistema de control que imponen los pranes en los centros de reclusión determina las condiciones de la población carcelaria en el país.
