Marino Alvarado, miembro de la ONG, descarta identificar a los beneficiarios de sus programas para cumplir con la normativa que impone un registro ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. | Foto William Urdaneta
Luego de inhabilitar partidos políticos, censurar a la prensa, desmantelar a los sindicatos, el Gobierno nacional ahora busca impedir el trabajo humanitario con regulaciones que vulneran a las víctimas y exponen a colaboradores. | Foto cortesía
Un estudio de Monitor de Víctimas ha contabilizado un total de 3.001 asesinatos entre mayo de 2017 y julio de 2019 en Caracas. De ellas, 700 fallecieron en sus propias casas, un 23 por ciento del total.