
Entre los nuevos centros penitenciarios se encuentran tres cárceles de hombres, dos anexos femeninos y 11 centros de detención preventiva ubicados en sedes policiales.
La organización señaló que las recomendaciones no solo apuntan a la gestión penitenciaria, sino también a la humanidad de los detenidos.
Los detenidos exigen que cese el retardo procesal tal como lo prometió Nicolás Maduro en el 2021.
“Los privados de libertad en Venezuela, víctimas del retardo procesal y la desidia penitenciaria, se sienten engañados por los planes de abordaje impulsados por el ministerio (de Servicios Penitenciarios)”.
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, que se adelantó a la información oficial, dijo que se produjo un motín en el recinto carcelario y que había varios detenidos “heridos de gravedad”.
La comisión solicitó al Estado venezolano que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del abogado Joel Antonio García Hernández, de acuerdo con los estándares y obligaciones internacionales aplicables.
Según el observatorio, en las dos áreas de la prisión se ha denunciado la existencia de “tigritos”, como se conocen a cuartos -sin luz o ventilación- de reducido espacio para encerrar a los presos como forma de castigo.
“La cadena perpetua, al ser una sentencia de muerte en vida, atenta contra la dignidad humana, lo que refleja la impotencia del régimen frente al delito, recurriendo a la irracionalidad como solución”, afirmó Prado.
El observatorio documentó que los presos son trasladados a discreción de las autoridades, quienes usan este recurso para amenazar o como forma de castigo.
“Los reclusos aseguran que su lucha es pacífica, por lo que piden la presencia de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Celsa Bautista, un representante del Ministerio Público o defensores de derechos humanos”.