“Los reclusos aseguran que su lucha es pacífica, por lo que piden la presencia de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Celsa Bautista, un representante del Ministerio Público o defensores de derechos humanos”.
En casi dos décadas desde la instauración del pranato en Venezuela, el Observatorio Venezolano de Prisiones encontró que “la opacidad de información ha sido una política de Estado característica”.
El observatorio instó al Ministerio Público a que la investigación no quede solamente en el director del penal, sino que llegue a la cadena de mando del Ministerio Penitenciario que tenía conocimiento de estas irregularidades.
Según el observatorio, las instalaciones no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para resguardar a los líderes de bandas delincuenciales; por lo que la organización se preguntó sobre los criterios del Estado para elegir los penales que serían intervenidos.
Aseguran que persiste la corrupción en el sistema judicial y empeoraron las condiciones carcelarias en el recinto de Ciudad Bolívar.
Ceballos ofreció las primeras declaraciones tras la toma del Internado Judicial de San Felipe, horas después de haberse ejecutado las acciones; tal y como ha venido sucediendo en otros centros de reclusión intervenidos.
El director del OVP señaló que le preocupa la paralización del sistema de justicia con el movimiento de los internos a otras jurisdicciones porque, entre otras cosas, “el juez natural no podrá movilizarse”.
La ONG recordó que han denunciado “la existencia del pranato mixto, pues ya los reos venezolanos no solo sufren bajo el poderío nefasto de los pranes sino que ahora también deben lidiar con funcionarios corruptos que cobran en dólares”.
ONG han exigido al gobierno de Maduro que explique qué hizo con los presos allí recluidos, pues se estima que la población carcelaria era de 3 mil reclusos.
Prado afirma que “no puede sorprender” lo incautado, debido al tamaño de una megabanda que controlaba el negocio de tráfico de armas, extorsión y tráfico de drogas.