El coordinador de Provea aseguró que estas medidas tienen una intención intimidatoria y criminalizan el acompañamiento a las víctimas, realidad que no cabe en el marco de una sociedad democrática.
El opaco procedimiento ejecutado por el Sebin comenzó con el allanamiento y derivó en el traslado de la periodista María Ramírez Cabello y Susana Reyes quienes permanecieron por más de seis horas en la sede de la policía política.