El tribunal determinó que las siete muertes ocasionadas durante un operativo de la Guardia Nacional dentro del centro penitenciario en 2003 fueron consecuencia del uso de la fuerza excesiva y desproporcionada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos resaltó que el Estado fue responsable por el hecho, de 2003, y concluyó que hubo negligencia en las investigaciones.