La CIDH destacó que el proyecto “se enmarca en una serie de actos gubernamentales que tendrían como finalidad controlar y limitar el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil y restringir el espacio cívico”.
El oficialismo ha señalado que al menos 60 oenegés en todo el país son utilizadas como “fachadas por la derecha extranjera para desestabilizar el país, propiciar y financiar el terrorismo y derrotar gobiernos”.
El proyecto inicial de la ley, compartido por algunos legisladores, contempla multas de hasta 12 mil dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
La ONG recalca lo alarmante de la cifra y la inacción del Estado a la hora de elaborar un plan que permita mitigar la violencia de género.
La aprobación de esta ley de fiscalización, un hecho en desarrollo, plantea un grave peligro, y persigue convertirse en un arma disuasiva en el marco del careo político actual en un año presidencial.
Las propuestas fueron presentadas en el marco del proceso de consulta pública del proyecto de ley que regula a las ONG y que ya fue aprobada en primera discusión en enero de 2023 por la Asamblea Nacional 2020.
El CNE entró en receso el pasado 18 de diciembre y así permanecerá hasta el 12 de enero de 2024.
ONG ambientalistas han advertido que 70% del lago es afectado por la bacteria llamada “verdín”, el vertido de aguas residuales sin ser tratadas y por el derrame de entre 500 y 1.000 barriles diarios.
Durante su programa el dirigente oficialista aseguró que “próximamente” se iniciará una consulta sobre esta ley, que regulará el financiamiento de las oenegés.
Desde la ONG resaltaron que “este tipo de casos representan un aumento del 7% con respecto a la cifra documentada durante el 2021 y que, además, son principalmente perpetrados por funcionarios o figuras públicas alineadas a las narrativas del chavismo”.