El observatorio recordó que a las víctimas de detenciones arbitrarias “no se les permite tener acceso a un defensor privado y se les mantiene en un grave régimen de incomunicación con sus familiares”.
El coordinador del observatorio, Raúl Cubas, resaltó la importancia de que la sociedad civil participe en dicho proceso, pero fundamentalmente las víctimas del conflicto armado entre el gobierno colombiano y los grupos irregulares.
Odevida pudo constatar que el Estado venezolano es responsable de implementar una política en contra de los líderes sindicales mediante la acción coordinada del Ejecutivo, Poder Judicial y Ministerio Público, con la participación de Defensoría del Pueblo.
Uno de los intereses transversales del observatorio es promover el derecho a la defensa de los derechos humanos en Colombia, Perú y Venezuela, por medio de la investigación y la comunicación estratégica.