Los comerciantes deben llevar al Ministerio Público, en el Centro Comercial Rahme, las copias de todas las evidencias, al igual que copia del RIF, de la cédula del representante legal y de la constitución de empresa.
La concejala Aliana Estrada manifestó que, aunque esto facilita el pago de impuestos una vez se esté solvente con Fospuca Caroní, no soluciona el problema de fondo, sino que por el contrario, provoca una pérdida patrimonial para el municipio.
El alcalde Tito Oviedo aclaró que las empresas que ya pagaron multas tendrán el monto como crédito fiscal. Destacó que la exoneración del pago del aseo urbano al sector residencial no implicará una mayor carga tarifaria para el sector empresarial.
La asociación civil Acceso a la Justicia advierte que el proyecto de ley que busca regular a las ONG, aprobado en primera discusión, considera como organización no gubernamental a casi todas las organizaciones civiles sin fines de lucro.
La ONG MiCondominio.com convoca a un Encuentro Nacional de Juntas de Condominio para educar sobre los compromisos tributarios a los que se someten las residencias.
El gremio empresarial insiste en que mientras el Estado no aplique políticas de alivio tributario y la armonización de impuestos, aumentará la migración al sector informal de la economía, lo que atenta contra la empresa privada y el fisco.
De acuerdo a Acceso a la Justicia se contabilizan 53 personas multadas tras interponer ante el TSJ recursos de nulidad al instructivo Onapre, documento que trabajadores piden derogar porque desmejora sus condiciones laborales.
La rectora Rita Añez informó que los consultores jurídicos de seis universidades acudirán el próximo 19 de septiembre al máximo tribunal para consultar las razones y el alcance de la multa impuesta por la Sala Político Administrativa a raíz de la “sentencia Onapre”.
Condenaron los ataques contra la prensa independiente e instaron a las autoridades a respetar el derecho a la libertad de expresión, en particular de quienes contribuyen con su trabajo al fortalecimiento de la deliberación pública y la libertad de expresión.
El abogado, profesor y defensor de los derechos humanos, David Gómez Gamboa, dijo que esta decisión del TSJ representa, de alguna manera, una prueba de que vivimos en un “régimen autoritario”.
