Se trata de la reactivación de un proyecto en el cual los siderúrgicos aportaron materiales de construcción con la esperanza que de esta forma resolverían el déficit de viviendas para sus familias.
En las conclusiones del informe ampliado sobre Venezuela, el organismo señala que la represión ejercida por los agentes estatales y privados con “la aquiescencia del Estado, que continúa produciéndose en estos momentos, ha generado un clima de miedo generalizado en la población”.
La propuesta liderado por Chile y Argentina y contó con el copatrocinio de 50 países miembros de la ONU fue aprobada con 23 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones, constituye la segunda renovación del mandato de este mecanismo especial.
A su juicio, el informe de la Misión de la ONU es para “boicotear los acuerdos y el trabajo que adelanta Venezuela con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a partir de 2019”.
Al menos 21 países también coincidieron en la necesidad de que se renueve el mandato de la Misión de Determinación, una decisión que se votará en octubre, la liberación “incondicional” de todos los presos políticos, así como el retorno de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela sin que se modifique su labor en el terreno.
A los miles de víctimas del régimen militar represor instalado e investigado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, se le agregan ahora 24 personas asesinadas por armas de fuego, mientras Maduro Moros se solaza ordenando detener a 2.229 personas que llama “terroristas”.
A través de un video difundido en redes sociales, Machado agradeció la presentación del informe sobre Venezuela, el cual calificó de “valioso” y “urgente” y resaltó que, en esta ocasión, envía el mensaje desde la clandestinidad tras la represión desatada por los cuerpos de seguridad del Estado luego de las elecciones presidenciales.
La Misión de la ONU recuerda que previo a los comicios, Maduro advirtió que de perder las presidenciales, habría “un baño de sangre” y una “guerra civil” y después del 28 de julio, durante los primeros días de protestas anunció “máximo castigo” para los manifestantes y dijo que “esta vez no (iba) a haber perdón”.
Alí Daniels advierte que Venezuela se encuentra en “otro pico” de “represión”. Recordó que la ONG Provea documentó, entre el 29 de julio y el 13 de agosto, un número de “detenciones arbitrarias” -que cifra en unas 2.400- equivalente a 94% de las registradas entre abril y agosto de 2017 durante las protestas antigubernamentales.
Renovada ya en dos ocasiones (2020 y 2022), la misión que impulsaron en el consejo varios países latinoamericanos y Canadá ha emitido diversos informes en los que ha acusado a las autoridades venezolanas, incluido Nicolás Maduro, de posibles crímenes de lesa humanidad.
