Desde 2019, cuando se adoptó la Misión de Determinación sobre Venezuela, este mecanismo especial ha producido varios informes orales y tres escritos sobre la grave violación de derechos humanos cometidos en el país al menos desde 2014.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su rechazo a la aprobación de esta resolución al considerar que esta instancia es un “injerencista mecanismo de monitoreo contra nuestro país”.
Pese a que más de 120 ONG pidieron en el mes de agosto su renovación, no está muy segura esta posibilidad en virtud de que varios de los países que inicialmente propusieron su establecimiento ya se retiraron.
Pese a que el Gobierno continúa evitando el escrutinio internacional, dos informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela muestran que persiste la crisis de los derechos humanos en el país.
La misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas investigó 223 casos sobre ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzosas, represiones y detenciones por motivos políticos en Venezuela.
