Brote de fiebre y diarrea afecta a comunidad indígena aislada en Delta Amacuro
7 Jul, 2025 - 8:35 PM
La minería en el Parque Nacional Canaima ha crecido de manera alarmante según SOS Orinoco, y pasó de 122 hectáreas en 2000 a 1.582 hectáreas en 2023, lo que representa un aumento de más del 1.300%.
“La Unesco debe intensificar la presión sobre las autoridades venezolanas para que evalúen el sitio de primera mano y tomen medidas urgentes para detener su actual degradación”.
Según la oenegé Clima 21 el Cuyuní y sus afluentes están en “peligro crítico”. Algunos están tan dañados que, sin una restauración ecológica profunda, podrían desaparecer completamente, “lo que parece haber ocurrido en pequeños ríos que corren por el sector de Las Claritas”.
Cabe destacar que, desde hace años, organizaciones ambientales y líderes indígenas han advertido sobre los efectos devastadores de la minería ilegal en el ecosistema del parque nacional.
En dos años, insistió SOS Orinoco, se han afectado 56,96 hectáreas por cinco zonas de “minería intensiva”, lo que ha afectado 35% del bosque ribereño de la isla Apacara.
El pasado 5 de marzo, la ONG SOS Orinoco informó en sus redes sociales sobre la minería ilegal de oro en el Parque Nacional Serranía La Neblina, al extremo sur de Amazonas.
El río, conocido por su nombre indígena Kúnu, forma parte del Parque Nacional Duida-Marahuaka y pertenece a un área protegida Reserva de Biósfera Alto Orinoco. Este cauce, que fluye por el escudo guayanés, se caracteriza por tener aguas transparentes y cristalinas.
Se trata de Juan Esteban Barrera Veloza; su mamá, Carmen Julia Veloza Pesquera; y Juan Camilo Aguado Hernández, quienes serían dueños de diez dragas usadas para extracción ilícita a gran escala de oro en ríos.
Los hallazgos fueron publicados en la Segunda Colección de Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo (1985-2023), desarrollada por MapBiomas Venezuela.
SOS Orinoco sentencia que “los operativos militares parecen tener una finalidad principalmente propagandística”, que busca limpiar la imagen del régimen debido a que no son parte de una política, plan o programa ideado por el Estado para erradicar la minería ilegal o aminorar sus impactos.
