Se trata de Juan Esteban Barrera Veloza; su mamá, Carmen Julia Veloza Pesquera; y Juan Camilo Aguado Hernández, quienes serían dueños de diez dragas usadas para extracción ilícita a gran escala de oro en ríos.
Los hallazgos fueron publicados en la Segunda Colección de Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo (1985-2023), desarrollada por MapBiomas Venezuela.
SOS Orinoco sentencia que “los operativos militares parecen tener una finalidad principalmente propagandística”, que busca limpiar la imagen del régimen debido a que no son parte de una política, plan o programa ideado por el Estado para erradicar la minería ilegal o aminorar sus impactos.
El pasado 21 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado venezolano a que adopte medidas “concretas e inmediatas” para defender al pueblo yanomami ante la minería ilegal y su impacto ambiental, el desplazamiento forzado, el aumento de la violencia y la propagación de enfermedades infecciosas.
El décimo boletín de la ONG responsabiliza al Instituto Nacional de Parques y las autoridades gubernamentales por no crear un sistema de protección adecuado para estos espacios naturales, que además deben ser protegidos como patrimonio natural según los estándares de la Unesco.
Los incendios en enero y febrero de 2024 superaron los 9 mil, más que cualquier otro enero o febrero desde el comienzo del registro del sensor Modis (Espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada) a principios de la década de 2000.
Vía comunicado, la Capitanía General del Sector II Kamarata-Kanaimö denuncia además la afectación ambiental que causa al río Carrao la práctica de la actividad minera ilegal en el parque nacional.
Para el investigador Luis Betancourt, “el Estado es responsable de todo lo que está ocurriendo en el sur del país con el tema de la minería ilegal, con el tema de la presencia de grupos irregulares y la conflictividad territorial; es decir, por no cumplir con el mandato constitucional de ejercer soberanía y darle cumplimiento a las normativas de protección ambiental”.
El rector Arturo Peraza destacó, en una nota de prensa, que Venezuela es el país con mayor aceleración en la deforestación de la Amazonía, pues “hace tres años eran 700 mil hectáreas y la proyección para dentro de tres años es que serán 1,5 millones”.
Hernández Lárez informó este 26 de febrero que hasta la fecha se han evacuado unas 523 personas de la mina Bulla Loca, ubicada dentro del Parque Nacional Caura, en el sector La Paragua, del estado Bolívar.