Plataforma Unitaria agradece informe de la CIDH sobre violaciones de DD HH en Venezuela
25 Ene, 2025 - 2:36 PM
El activista también denunció la militarización de las zonas indígenas como política de Estado por parte del gobierno de Maduro.
El futuro de la controversia por el Esequibo sigue siendo incierto. La militarización de la zona y la falta de consenso entre las partes dificultan la búsqueda de una solución pacífica.
Para el partido Primero Justicia lo que sucede en Tumeremo es resultado de lo permisivo que ha sido el Estado venezolano ante la proliferación de la minería ilegal.
Familiares culpan a personas que pertenecen a los grupos irregulares que operan y controlan la explotación minera ilegal de la zona en el estado Amazonas, según reporte de la ONG Kapé Kapé.
Desde el 17 de octubre, la Fuerza Armada aplica desalojos de mineros de campamentos presuntamente ilegales. Sin embargo, los afectados alegan tener permiso y pagar impuestos a la CVM.
De nuevo aumenta participación de militares en el gabinete. Con estas nuevas designaciones pasan a ser 10 en el gabinete los ministros que provienen del mundo militar, de un total de 34 ministros que están designados actualmente en Venezuela. | Foto @CeballosIchaso1
En menos de 24 horas se suscitaron dos hechos violentos en estaciones de servicio en Ciudad Guayana. Ambos casos estuvieron vinculados a irregularidades en las colas por gasolina.
Adiestramiento militar en las empresas pretende tapar no tanto el desastre de los municipios del estado Bolívar, que ya es inocultable, como el colapso político de la revolución que ya no tiene discursos, ni medidas con que enfrentar el caos del país.
Los habitantes de Tumeremo habían escuchado rumores de que este fin de semana podría ser testigos de nuevos hechos de violencia. Y así fue: desde las 6:00 de la mañana de este sábado y a menos de quince días de la masacre de Los Candados (Sifontes), fuerzas estatales e integrantes de la banda ‘el Coporo0 se enfrentan, con balas y granadas, en La Caratica. Hasta la noche del sábado había siete muertes confirmadas (todas las víctimas, integrantes de la pandilla) en un hecho que ventila el descontrol gubernamental sobre las armas las zonas mineras.
La hija del secretario general de Sintraferrominera y demás miembros de la organización sostienen que el dirigente está desaparecido, y denuncian que su caso y la militarización de la planta en Ciudad Piar tenían como segunda intención discutir el contrato colectivo de Ferrominera Orinoco con Sinboltrafe, organización paralela e ilegítima. Dirigentes de Sidor recordaron que algo similar ocurrió en la siderúrgica: desconocimiento del sindicato e imposición de la convención. El caso FMO es una prueba más de la política antiobrera del régimen que, vaya paradojas, se autoproclama gobierno obrero.
