
La alcaldesa Daniella Levine Cava exigió al fiscal general estatal acceso a las instalaciones y la creación de un equipo de monitoreo que supervise semanalmente las condiciones.
Harry Fones detalló que la aplicación para autodeportación está disponible para cualquier migrante en situación irregular, incluidos aquellos cuyo TPS haya sido cancelado.
Y es que ante las pocas ofertas de empleo en San Antonio y frente a 90% del comercio paralizado, muchos ven en La Parada el comodín para llevar el sustento a casa.
A juicio de Caracas, un pueblo “tan necesario como el estadounidense merece caminar hacia la armonía interna y hacia una relación solidaria con los pueblos del planeta”.
Según organizaciones, el nuevo centro de detención está rodeado de hábitats sensibles y genera “serias dudas sobre cómo un sitio de este tipo protegería el debido proceso para los migrantes”.
El nuevo centro de detención se levantó con carpas de lona, con lavamanos portátiles, decenas de tráileres, aires acondicionados y 5 mil camas.
Esta no es la primera fricción entre el gobierno de Maduro y organismos multilaterales. Ya en febrero de 2024, el Gobierno venezolano suspendió las actividades de la oficina técnica de la Acnudh en Caracas, tras rechazar los informes que documentaban violaciones sistemáticas de derechos.
Aunque el Gobierno brasileño ha implementado políticas de acogida, como la Operación Acolhida, las comunidades receptoras enfrentan retos en materia de vivienda, empleo, salud, educación y convivencia.
Las políticas antinmigrantes que aplica el Gobierno estadounidense aceleran las deportaciones, generando miedo en comunidades latinas cuyos integrantes se sienten ante el retorno a sus países.
Han pasado tres meses desde que enviaron a los venezolanos a El Salvador. Las familias y abogados continúan sin noticias sobre su situación y sin acceso ni siquiera a una llamada telefónica.