Una de las iniciativas que toman algunos pescadores, cuando logran adquirir la gasolina en el mercado ilegal pagando en dólares.
En horas de la tarde de este lunes el precio de la divisa en el mercado negro se ubicó en 14.14 bolívares, mientras el precio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela fue de 11,69 bolívares.
Los trabajadores de la pesca denuncian que solo recibieron combustible subsidiado en dos oportunidades y que abastecerse de gasolina dolarizada cuesta hasta 350 dólares por bote.
La baja de operatividad por el gasoil afecta a toda la cadena de producción. En caso de conseguir gasoil, los productores deben pagar en el mercado negro.
Lucila Velutini, miembro de la junta directiva de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, aseguró que no es viable que exista un mercado negro de órganos debido a que el país cuenta con una legislación muy estricta.
Los conductores piden condiciones justas para competir con los precios de los piratas que usan gasoil, entre ellas, que se reactive la venta de combustible en la estación San Onofre. | Foto cortesía
Desde hace más de dos semanas la estación de servicio conocida como Biblo’s, en Unare, despacha irregularmente combustible al sector priorizado asignado a esta bomba. Es el mismo tiempo en que los pacientes de diálisis llevan sin poder abastecerse de los 20 litros de gasolina que les despachaban semanalmente. | Foto William Urdaneta
La última vez que despacharon gasolina en la estación de servicio conocida como Biblos, en Unare, fue el lunes 28 de junio. Las estaciones para el transporte público tienen casi una semana con fallas en el despacho de diésel.
Hay cerca de unas 15 millones de personas de mediana edad que deben vacunarse en la fase masiva, que sería más factible a darse en 2022. | Foto William Urdaneta
El surtido de combustible es cada vez más irregular: aunque la mitad de la flota activa logró surtir este lunes en San Félix, a la otra mitad la despacharon después de mediodía. Transportistas de Ciudad Bolívar protestan por las trabas que impiden la prestación del servicio. | Foto William Urdaneta