
El gobierno de Javier Milei precisó que espera que la CIDH “resuelva con rapidez y exija su cumplimiento al Estado venezolano”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca que, ante la falta de medidas de protección, muchas de las personas beneficiarias han tenido que recurrir a medios propios para resguardarse. Sin embargo esto no ha impedido que continúen enfrentando intentos de detención y actos de intimidación por parte de las autoridades.
Señaló la organización que los beneficiarios enfrentaron “intimidación, hostigamiento de agentes estadales, reteniéndoles por largos períodos, amenazándoles con detención o abriéndoles procesos por documentar los hechos”.
Según el registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde 2012 el organismo ha pedido 91 medidas de protección para personas en Venezuela, y a la fecha sólo 9 han sido levantadas. Rocío San Miguel y su hija encabezan la lista desde ese mismo año.
El Gobierno de Venezuela, según denuncias, no ha hecho gran avance para que el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos del país vuelva a funcionar, el cual está suspendido desde el 1 de junio de 2017.
Varias organizaciones, a través de un comunicado, afirmaron que las medidas cautelares decretadas hace tres años para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las mujeres no se están cumpliendo.
José Ernesto Lasorsa fue detenido el 8 de septiembre de 2020 por funcionarios del Cicpc, del estado Carabobo, por los presuntos delitos de falsificación de documentos, usurpación de funciones, asociación para delinquir y resistencia a la autoridad.
Han pasado más de 500 días desde su detención, ocurrida el 23 de marzo de 2019; y más de 330 desde el 12 de septiembre del mismo año, cuando se le diagnosticó un tumor blando de 6 centímetros en la cara lateral del cuello.
Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno. Según el régimen chavista, se encontraba “en tránsito” en Cabo Verde para volver al país.
En el 172 periodo de sesiones de la CIDH, realizada el jueves en Jamaica, el abogado del Foro Penal, Olnar Ortiz, solicitó ratificar las medidas cautelares a su favor y de la población de Kumarakapay, ampliarlas a todo el pueblo pemón del municipio Gran Sabana y extenderlas a tres comunidades indígenas en territorio brasileño, entre ellas Bananal y Tarau, en las que se han refugiado cientos de indígenas venezolanos.