En el proyecto de acuerdo se estableció que la asamblea oficiará a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, al Parlamento Amazónico, al Grupo de Lima y la Comunidad Europea sobre la “amenaza” que representa este decreto para el patrimonio ambiental venezolano.
El acuerdo conviene promover, junto a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la constitución de una comisión técnica que evalúe el impacto de la minería en el Parque Nacional Canaima.