La justicia venezolana ha sido severamente cuestionada en ámbitos internacionales y por organizaciones de derechos humanos debido al poco apego de las normas en los casos de los presos políticos. La creación de tribunales contra delitos de terrorismo en 2013, cuando llegó Nicolás Maduro a la presidencia, deja al descubierto el uso de la ley para amedrentar a quienes le protestan.