Desde su elección en 2013, el papa Francisco ha insistido en la importancia de abrir la Iglesia y en particular a los fieles Lgtb+, pero sus esfuerzos han encontrado una fuerte resistencia.
Si entra en vigor, convierte en delito el suministro de servicios médicos como tratamientos hormonales, bloqueadores de la pubertad y cirugías de cambio de sexo a menores de 18 años.