Más temprano que tarde, el juicio “Situación de la República Bolivariana de Venezuela I” será afectado con un pronunciamiento de nulidad, reposición y un nuevo retraso, del castigo de los criminales de lesa humanidad de Maduro y pandilla.
El Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó el martes 2 de abril en primera discusión un proyecto de ley contra el “fascismo”, que establece prisión de hasta 12 años y elevadas multas.
Así que más allá de lo que opinamos más adelante sobre dicha CPI, nos tememos que por muy justa que nos parezca, no se podrá ejecutar la hipotética orden de captura de un juez argentino en situaciones como la comentada.
Paños calientes procesales como “exhortar” a la narcotiranía a “respetar el Estado de Derecho” no detienen la podredumbre.
El exembajador de la oposición en Canadá, Orlando Viera Blanco, indicó que el grupo está conformado por magistrados, jueces, funcionarios, diplomáticos e incluso abogados que tienen práctica ante la Corte Penal Internacional.
El defensor de derechos humanos insiste en que se está cometiendo un delito de falsedad en actos y documentos, y el crimen de persecución política de acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Según la oficina de la CPI, Netanyahu y Gallant habrían cometido delitos como provocar hambruna a civiles en esa zona, causar “graves sufrimientos o daños graves a la integridad física o la salud” de forma intencional, homicidio intencional, dirigir ataques de forma intencional contra civiles, exterminio y/o asesinato, persecución y otros actos inhumanos.
La visita de Khan ocurre luego que el pasado 1 de marzo la corte rechazara el recurso de apelación de Venezuela sobre la investigación que adelanta por crímenes de lesa humanidad durante manifestaciones.
Karim Khan llegó al país para el lanzamiento de un plan de trabajo conjunto entre el alto tribunal y el Gobierno venezolano, del que no facilitaron detalles, pese a que los medios fueron convocados con dicho proyecto como reclamo.
El fiscal Karim Khan, desde el Palacio Federal Legislativo, comentó que “ha quedado claro” que tiene jurisdicción para continuar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometido en territorio venezolano, al menos desde 2014.