
González destacó que, entre lo conversado con Khan, le manifestó el compromiso con el respeto a los procesos de investigación que actualmente se adelantan en la CPI.
Los presuntos criminales de delitos de lesa humanidad estarían en la CPI más protegidos que sus víctimas.
La Sala de Apelaciones señaló que la Fundación Arcadia o Robert Carmona-Borjas, quien presentó la solicitud, no forman parte del proceso de investigación y tampoco ejercen la representación de alguna víctima.
En septiembre, la Misión de la ONU para Venezuela aseguró que “al menos 158 niños”, algunos con discapacidad, fueron detenidos en los primeros días de las protestas y fueron acusados de delitos “graves”.
El fiscal general calificó de “indigna” la protesta ciudadana realizada el 1 de diciembre para exigir la libertad de los presos políticos y los menores de edad detenidos tras las protestas poselectorales.
El posible prevaricato entre el referido fiscal y su cuñada generó escándalo mundial desde que en septiembre pasado el diario The Washington Post reveló los resultados de una investigación de sus reporteros.
Manifiestan que los acontecimientos postelectorales, y la aparente inacción del fiscal Karim Khan desde el inicio de la investigación en junio de 2023, generan una profunda preocupación entre las víctimas y sus familias.
En un escrito, con fecha de 22 de noviembre, dirigido a la Sala de Apelaciones de la CPI con motivo de la recusación presentada contra Khan por presuntos conflictos de intereses, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas advirtió que “las víctimas llevan mucho tiempo esperando justicia y tienen derecho a procedimientos rápidos y justos”.
Más temprano que tarde, el juicio “Situación de la República Bolivariana de Venezuela I” será afectado con un pronunciamiento de nulidad, reposición y un nuevo retraso, del castigo de los criminales de lesa humanidad de Maduro y pandilla.
El Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó el martes 2 de abril en primera discusión un proyecto de ley contra el “fascismo”, que establece prisión de hasta 12 años y elevadas multas.