
Entre los principales obstáculos identificados se encuentran la falta de personal capacitado para atender estos casos, la insuficiencia e inadecuación de las sedes de los organismos de atención, y la carga adicional que recae sobre las víctimas, quienes deben asumir costos asociados al funcionamiento del sistema de justicia.
El mismo Oscar Pérez documentó el procedimiento en vídeos a través de sus redes sociales. “Con lanzagranadas nos están disparando. Había un fiscal, dijeron que era una garantía, pero era para asesinarnos”, acusó.
“En esta Navidad, inicio del Año jubilar, invito a todas las personas, a todos los pueblos y naciones a armarse de valor para cruzar la puerta, a hacerse peregrinos de esperanza, a silenciar las armas y superar las divisiones”.
La cuñada del reciente fallecido en la cárcel de Tocuyito exige a las autoridades entregar el cuerpo de Jesús Rafael Álvarez, así como la libertad de su hermana Anny Suárez, también detenida en el contexto postelectoral.
Varias oenegés han denunciado condiciones de hacinamiento, fallas en el servicio de agua potable y electricidad en los centros penitenciarios del país.
Según los registros de Foro Penal, mil 861 adultos conforman este universo de “presos políticos”, a los que se suman 42 adolescentes de entre 14 y 17 años.
Los resultados del índice se producen en un momento en el que la labor de los jueces, fiscales y defensores públicos venezolanos está siendo duramente cuestionada nacional e internacionalmente.
El coloquio busca crear conciencia colectiva en torno al derecho de una jubilación justa y digna, ya que no es solo una cuestión con un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los trabajadores guayaneses.
La oenegé Foro Penal ha documentado y denunciado constantemente la situación de los presos políticos en el país, argumentando que muchos de ellos han sido detenidos de manera arbitraria y sin un debido proceso judicial.
Estas declaraciones se producen cuatro días después de que familiares leyeran en Caracas -a las afueras del Palacio de Justicia- una carta en la que le pidieron al mandatario una medida de gracia que otorgue libertad plena e inmediata a los arrestados, cuyo total es de 2 mil 400, según el Ejecutivo.