
Negándose a respetar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que fueron validados por expertos del Centro Carter, la administración de Maduro goza ahora de menos estabilidad que lo hace más dependiente de la fuerza y la represión.
La declaración firmada por siete instituciones surge en el contexto de la juramentación de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, aunque no se publicaron actas de votación que avalen el resultado de su triunfo.
No tenemos elementos de prueba para descartar o confirmar la naturaleza de la transmisión de televisión (en vivo o grabada), pero sí podemos afirmar con rotundidad que las supuestas “pruebas” audiovisuales que sustentan esta teoría conspirativa son falsas.
En un comunicado, ambos líderes destacaron que “ninguna intimidación o medidas represivas deben ser implementadas contra los miembros de la oposición” y pidieron que se respete el derecho de los ciudadanos venezolanos a manifestarse pacíficamente.
Solicitaron que cese la persecución a estudiantes y jóvenes, exigieron la liberación de los miembros de las casas de estudios que fueron detenidos arbitrariamente.
Nicolás Maduro se juramentó en medio de un claro aislamiento internacional, que evidencia la pulverización del respaldo de esa comunidad al heredero pesuvista del expresidente Chávez.
En un acto a puerta cerrada en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional y sin atender las solicitudes para demostrar con actas que certifiquen que resultó el ganador de las elecciones del pasado 28 de julio.
“Quien tenga cuentas con la justicia tendrá que ocuparse de eso. La justicia tomará las acciones que deba tomar y para contener los excesos que se hayan cometido no tengo previsto ninguna intervención en ese sentido”.
“No hay ninguna posibilidad de que Edmundo González Urrutia ponga un pie en Venezuela sin ser detenido. Él, valiente no es. Recuerden que él se metió en la Embajada de Países Bajos. No hay ni una posibilidad de que ese señor venga a Venezuela a juramentarse”.
La oenegé Acceso a la Justicia advirtió que el Parlamento no respetó los procedimientos establecidos en las leyes para ejecutar la destitución del rector principal del CNE.