
“Trabajar en economía informal es muy difícil, no es fácil, más para una persona en la tercera edad. Es como volver a nacer otra vez, pero en diferentes condiciones de vida y lo único satisfactorio es que gracias a que tengo salud puedo hacer el día a día para mantener a la familia”, señala un jubilado de 73 años.
A través de la gerencia de RR HH, la estatal se comprometió a agiliza el sistema de citas, pagar a tiempo los reembolsos de medicamentos y la compra de nuevas unidades de ambulancia.
Los protestantes exigieron fe de vida y respuesta sobre el estado de salud de todos los presos políticos del estado Bolívar, entre los cuales hay al menos cuatro trabajadores de las empresas básicas.
Afectados piden respuestas sobre la asignación del presupuesto al Hospital de Trabajadores de Guayana, debido a que el centro asistencial no cuenta con insumos médicos, ambulancia ni suficientes especialistas.
Según organizaciones gremiales, el déficit de educadores en el país supera los 200 mil profesionales.
Los docentes jubilados en los periodos 2023 y 2024 esperan que les honren el compromiso de sus prestaciones sociales a lo que el ejecutivo regional les informó que no contaban con la disponibilidad presupuestaria para cumplir con los intereses de mora y los cálculos tardíos de las prestaciones.
Ante la reiterada violación de derechos humanos solicitan que el
Gobierno tome cartas en el asunto y resuelva definitivamente la grave
situación que padecen los pensionados, jubilados y adultos mayores de
Venezuela.
Los adultos mayores enfatizaron en la necesidad de volver a la legalidad y que se cumpla lo establecido en los contratos colectivos, así como la restitución de beneficios en el área de salud.
No se trata solo de los aguinaldos. Desde marzo de 2022 el salario mensual que reciben los jubilados y pensionados del país es de 130 bolívares que, en ese momento, representaban 30 dólares, lo que significa que hasta noviembre de este año la devaluación ha sido de más de 80%.
Tal como el pago de utilidades, el bono navideño será cancelado de forma fraccionada, lo que en la mayoría de los casos convierte al trabajador en víctima de la devaluación ante el alza del precio del dólar.