“Es fundamental que el Gobierno nacional proceda a una nueva renovación del Decreto de Exoneración del ISLR. Esta medida no solo beneficiaría a los productores, sino a toda la nación, asegurando el acceso a alimentos de calidad y promoviendo el desarrollo económico y social de Venezuela”.
La extensión aplica para personas naturales y jurídicas no clasificadas como sujetos pasivos especiales, cuyo ejercicio fiscal abarque desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023.
Las personas naturales pueden optar por cancelar hasta en tres porciones, la fecha de pago de la primera cuota corresponderá al 15 de mayo, la segunda el 4 de junio y la tercera el 25 de junio, según destacó el ente en sus redes sociales.
Un trabajador de la administración pública tendría que emplear todo su remuneración para cumplir con esta obligación, y en algunos casos quedaría debiendo al Estado.
A pesar de que los recursos por concepto de petróleo alimentan en mayor medida al presupuesto de la Nación, en los últimos años ha venido aumentando la proporción de la recaudación interna.
La ONG MiCondominio.com convoca a un Encuentro Nacional de Juntas de Condominio para educar sobre los compromisos tributarios a los que se someten las residencias.
Fuera del discurso político del chavismo, el eslogan ‘Venezuela se arregló’ se torna polarizador y desata acaloradas discusiones sobre la realidad de Venezuela y la naturaleza de este aparente resurgir económico.
Debido a la subvaloración de la unidad tributaria, establecida en apenas Bs 0,02, todas las personas naturales del país se verán en la obligación tanto de declarar como de pagar el ISLR correspondiente al ejercicio fiscal del año 2021.
En medio del aparente “abrir de ojos” del gobierno para reenfocar su política económica las propuestas no han faltado, pero las dificultades a superar tienen que ver con la efectividad y la coherencia de esas iniciativas.
El plazo para la declaración del ISLR culmina este martes 31 de marzo a las 12:00 de la noche. El Seniat hizo caso omiso a las solicitudes de gremios empresariales para flexibilizar la política tributaria mientras dura la cuarentena por el coronavirus.
