El empresario Yamal Mustafá y los tres ex gerentes de Ferrominera Orinoco, acusados de presunta corrupción, esperarán la audiencia preliminar bajo prisión. En la presentación de los actos conclusivos este miércoles, el Ministerio Público reiteró su acusación ante el Tribunal 9º de Control del área metropolitana de Caracas y pidió que se mantenga la privativa de libertad para los acusados en la Dirección General de Contrainteligencia Militar ubicada en Boleíta Norte, municipio Sucre del estado Miranda. Las fiscales 56º y 57º nacional, Milvira Caraballo y Paula Ziri-Castro, respectivamente, acusaron a María Acosta (exgerente de Finanzas) y María Rodríguez (exgerente general de Administración y Finanzas) por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, malversación agravada y asociación para delinquir. Al exconsultor Jurídico de Ferrominera, Noel Ramírez, lo acusan de ser presunto cómplice necesario en el delito de peculado doloso y asociación para delinquir. En el caso del contratista de la Gobernación del estado Bolívar y presidente del diario Primicia, Yamal Mustafá, los fiscales lo vinculan por ser presuntamente cooperador inmediato en el delito de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir durante la gestión del expresidente de la estatal, Radwan Sabbagh. Los delitos se encuentran previstos y sancionados en las leyes Contra la Corrupción, y Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. En la audiencia de presentación ante el Tribunal 5º de Control de Puerto Ordaz, el pasado 21 de julio, se acordó la medida de prohibición de enajenar y gravar bienes, así como la inmovilización de las cuentas bancarias de estas cuatro personas. Conmoción nacional Mustafá y los tres exdirectivos fueron detenidos entre el 18 y 19 de julio, y presentados en los tribunales del Puerto Ordaz el sábado 20 del mismo mes. El 1 de agosto la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Paúl Aponte Rueda, aceptó la solicitud planteada por los fiscales nacionales auxiliares 56 y 57, Frank Bolívar y Laura Romano, respectivamente, de radicar el expediente N° FP12-P-2013-1923 en Caracas. Atendiendo a esa solicitud el pasado 24 de agosto los acusados fueron trasladados a la capital, según los alegatos de la fiscalía, para evitar que la posible influencia de los involucrados perjudicara el desarrollo del proceso. Ahora, en un tiempo no menor de 20 días deberá darse la audiencia preliminar donde el juez determinará si las pruebas presentadas por el Ministerio Público cumplen con los principios de útiles, legales y pertinentes para ir a juicio. En esa audiencia el juez puede desestimar las pruebas o admitirlas dando con ello inicio al juicio oral; cinco días antes de la preliminar la defensa también podrá presentar sus pruebas ante el juez de control. Por delitos similares también está detenido el expresidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, por su presunta responsabilidad en el desvío de una partida presupuestaria de más de 295 millones de bolívares, cuando era presidente de la referida empresa ferrominera. A quien presidió la estatal por seis años se le acusa de la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir. De acuerdo a la comunicación del Ministerio Público, hasta la fecha la investigación -de manera preliminar- ha arrojado que producto de las alianzas comerciales suscritas con empresas internacionales por Sabbagh, se habría producido una afectación económica a las arcas de la empresa básica. Sobornos Además de la desviación de la partida presupuestaria en CVG Ferrominera, el Ministerio Público tiene un expediente abierto por el pago de sobornos al coronel de la Dirección General de Contrainteligencia Miliar (DGCIM), Álvarez Dionisi, quien llegó a Guayana a investigar el tráfico de cabillas e irregularidades en las empresas básicas. Yamal Mustafá, propietario de Corpobrica, Credilab y el diario Primicia, entre otras empresas, es -junto a Sabbagh- uno de los tantos entrevistados por la DGCIM en el expediente Nº 47C-16.156-13 en calidad de presunta víctima de extorsión por parte de “El Tiburón”. Otros empresarios, como el propietario de Corinsur y su sobrino Manuel Mustafá, también fueron citados a declarar. A través de las cuentas del empresario se movilizaron 4 millones de dólares y 2 millones de bolívares a las cuentas del coronel en el exterior, todo esto bajo la presunta amenaza de hacer un escándalo “similar” al del caso de las cabillas en Guayana. Por el caso de extorsión, además de Álvarez Dionisi, está preso el joven Carlos Vieira, propietario de Viherca (cliente de Ferrominera), acusado de ser cómplice del funcionario de la DIM. Mustafá dijo a la DIM que decidió colaborar con sus cuentas para proteger a su sobrino, Manuel Mustafá, cuyas empresas intermediarias revenden mineral de hierro en el mercado internacional.
Trabajaron durante más de 20 años en Ferrominera Orinoco y hoy se sienten defraudados. La empresa a la que dedicaron años de servicio ya no se parece a aquella que conocieron: respetuosa con los derechos de los trabajadores, de la meritocracia y comercialmente transparente. Frente al edificio administrativo II de FMO este grupo de jubilados de la estatal protestó por el incumplimiento en el pago del anticipo por el retraso en la discusión del contrato. El jueves pasado -desde Ciudad Piar- el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Carlos Osorio, aseguró su cancelación el 12 de julio, al día siguiente, como parte del compromiso del “gobierno revolucionario”. De ese pago, 7 mil bolívares le corresponden a los trabajadores pasivos de la estatal, los mismos que este lunes se concentraron frente a las instalaciones administrativas en reclamo de ese compromiso. “Nos dan a entender que el dinero no lo hay”, comenta el ex trabajador de la Planta Procesadora de Mineral (PMH) por 30 años, Héctor Redhead. “Nos sentimos defraudados, ofendidos”, dijo en relación a la respuesta de la empresa y a las recientes investigaciones del Gobierno por la comercialización irregular del mineral de hierro y los presuntos hechos de corrupción. “Primera vez que vemos esto en la historia de la empresa, eso debido a la centralización de todo. Digamos… la parte informativa, todo se manejó a capricho de ellos”, opinó Redhead. Los ex trabajadores consideran una “burla” que mientras el comisariato, las clínicas y farmacias de Ferrominera están desabastecidas, los gerentes y el ex presidente de la estatal, Radwan Sabbagh, reconozcan que movilizaron millones de dólares para cancelar sobornos. Comercialización directa Tanto el trabajador Redhead como el ingeniero de minas, Vidal Rojas, quien laboró durante 26 años en el área de producción de la estatal, aseguran que la fábrica siempre vendió a empresas transformadoras; nunca a intermediarios. La presencia de decenas de traders en la comercialización de mineral de hierro de Ferrominera, buena parte de ellas sin experiencia ni credenciales en el mercado ferrosiderúrgico, es una irregularidad que se advirtió. Rojas considera un error que se confíe plenamente en un presidente de una empresa, sin mecanismos de contraloría efectivos más que el aval revolucionario de tal o cual funcionario. “Este ha sido un gobierno de oídos sordos frente a las denuncias de corrupción”, agrega. Ve natural que con la destitución de un presidente surjan estas revelaciones como la del expediente del coronel Álvarez Dionisi, porque “es como algo que ahora queda flotando”. Una de las soluciones finales debe ser un castigo ejemplarizante, señala Vidal, si no “la empresa seguirá siendo saqueada mientras no haya sanción”. La meritocracia Un factor que considera importante es el respeto a la meritocracia. Traer a personas foráneas a asumir cargos dentro de la fábrica, sin sentido de pertenencia -destaca- “sin tener la mínima idea del mineral de hierro” genera riesgos como los que ahora se denuncian en la estatal. “Yo entré como ingeniero entrenante y llegué a ser superintendente general, pero tenías que demostrarlo, te daban 90 días de prueba para demostrar tus conocimientos”, recuerda el margariteño que llegó a Guayana apasionado por las minas y el potencial de la región. Si eso no cambia, cree que Ferrominera “no va a salir adelante, va a vivir de los aportes del Gobierno. Antes no, vivíamos año tras año en récord de producción”. Los más afectados de esta seguidilla de errores e ilícitos, agrega el ex trabajador Ernesto Valdez, quien laboró durante 38 años en la extractora, son las personas de la tercera edad y los trabajadores activos “quienes tenemos que subsistir con ese salario y pagar medicinas, comida, y se alega que no hay recursos”. Cree que la detención e investigación al ex presidente de Ferrominera es un primer paso para sanear la administración, “pero eso no debe quedar allí. Debería ir hasta los peces más gordos”. Caso de corrupción en FMO • 2 de mayo de 2012. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, anuncia la designación de nuevos presidentes en las empresas Sidor, Venalum y Ferrominera Orinoco. • 5 de mayo de 2012. Trasladan a gerentes, empresarios y al ex presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas. • 12 de junio de 2012. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anuncia la detención del ex presidente de la estatal procesadora de mineral de hierro. • 12 de julio de 2012. Se realiza la audiencia de presentación de Radwan Sabbagh, y se le imputan los delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir.
Juan Carlos Álvarez Dionisi llegó a Ciudad Guayana en el 2011 enviado por el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, a investigar presuntas irregularidades en la comercialización y distribución de las cabillas. Adquirió relevancia y fue catalogado de “héroe” al dar con la detención del ex gerente de comercialización de Sidor, Luis Salvador Velásquez Rosas, quien también se desempeñaba como presidente de la comisión de transición de la briquetera Orinoco Iron y Briqven. El caso, una de las banderas contra la corrupción ondeadas por el presidente Hugo Chávez, fue aplaudido en todos los niveles menos por el poder Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Guayana, donde Salvador Velásquez fungía como fuerte aliado en el área de las finanzas. Su fama al frente del caso, y los dos ascensos que recibió hasta llegar al grado de coronel en poco tiempo, le sirvieron de aval para extorsionar a empresarios, gerentes y al presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, por su presunta participación en ilícitos de comercialización y entrega de contratos. Por miedo, presión o por conseguir más beneficios dentro de las estatales, un grupo de clientes y gerentes de la extractora y procesadora de mineral de hierro sirvieron de intermediarios, financistas y colaboradores de Álvarez Dionisi. Por esa razón Álvarez permanece detenido desde el 8 de mayo en el piso número 2 de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, acusado de los delitos de extorsión, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Junto a él está preso el joven de 23 años, Carlos Vieira, propietario de la empresa Viherca -registrada junto a su padre Gilberto Vieira en Guayana y Panamá-, acusado de su supuesta complicidad con Álvarez. ¿Quién es? Las vinculaciones de “El Tiburón” son variadas. Su nombre aparece en un informe “Tormenta” que, según la periodista Patricia Poleo, involucró al entonces capitán de la Guardia Nacional con el caso de Vladimiro Montesinos, cuando Eliecer Otaiza era jefe de la DISIP. En la Gobernación del estado Carabobo, junto al gobernador Carlos Acosta Carlez, ejerció varios cargos. El 11 de noviembre de 2004, en la Gaceta Oficial del estado Carabobo extraordinaria 1.705, por Decreto 007 fue nombrado secretario privado del despacho del gobernador. También se desempeñó como jefe de Atención al Pueblo de la Gobernación y como comisionado del gobernador para Asuntos Sociales entre 2004 y 2005 atendiendo donaciones médicas, agilizando trámites y colaborando con asuntos sociales. Incluso sonó como candidato a la Alcaldía de Valencia en el 2008 y en abril de 2013 -a sus 44 años- fue aspirante al III Curso Internacional de Especialización en Criminalística y Ciencias Forenses de la Fundación para la Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Función Fiscal. Expediente financiero Las conclusiones del informe análisis técnico del Departamento de Análisis Financiera de la Guardia Nacional determinó que Álvarez registró en el 2006 alrededor de 160 mil bolívares de “origen desconocido”. Entre finales de 2010 y el primer semestre de 2012 hallaron 180 mil bolívares “cuyo origen no fue producto de su desempeño como miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino del ciudadano Radwan Sabbagh por intermedio del ciudadano Yamal Mustafá, quien facilitó una cuenta bancaria registrada a su nombre”. El departamento determinó que Mustafá transfirió 3.9 millones de dólares producto “de la presunta extorsión de la cual estaba siendo objeto el ciudadano Radwan Sabbagh, a la cuenta Representaciones Doralito Citibank Na. New York”. Las divisas se encuentran vinculadas a Álvarez Dionisi y a Belkis Guerrero Moran, su esposa, oficial técnico egresada de la Escuela de Enfermería y retirada de la GN. De la investigación de la Guardia Nacional resultó que Guerrero recibió 190 mil dólares el 25 de octubre de 2012 por intermedio de Sabbagh. El informe concluye que los fondos son desconocidos por cuanto la Inspectoría General de la Guardia Nacional informó, el 6 de junio, que Guerrero recibió el último sueldo como miembro de la Fuerza Armada Nacional el 1 de marzo de 2009. Además determinaron que la esposa del coronel recibió dólares movilizados por el ex gerente de comercialización y ventas de Ferrominera, Juan Aníbal Vásquez, por intermedio de la empresa Viherca International. Además de su esposa, su hija recibió 4 mil dólares americanos provenientes de Vásquez. Vínculos ferrosos Por intermedio de Álvarez ingresa a Ferrominera Orinoco José Reynaldo González Cuica como escolta del presidente de la estatal, Radwan Sabbagh. “Pero en realidad ejercí como asistente y no como escolta porque llegaron Ricardo García y Ulises Mendoza funcionarios del DIM que prestarían las labores de seguridad. Mi trabajo de asistente quedó limitado porque Sabbagh no me usaba como tal”, declaró González al cuerpo de investigaciones en mayo. De acuerdo con el testimonio del escolta, en varias oportunidades el coronel le llamó para agilizar unos despachos a la empresa Corinsur. “El gerente de seguridad no le permitía ingresar con las gandolas porque le faltaba una firma en la ficha de seguridad industrial, yo le informé al presidente Sabbagh y éste me ordenó que hablara con el gerente de seguridad de Ferrominera, Justo Guevara, para que se las dejara ingresar”. A partir de noviembre de 2012 ingresa a la empresa Jhonny Marín como apoyo a la seguridad del presidente. “Se dedicó por completo a esa actividad de seguridad familiar, controlando y coordinando con Ulises Mendoza, Ricardo García y Daniel Cedeño, quienes fungían como escoltas del grupo familiar de Sabbagh”. La familia, según González, se desplazaba en una camioneta Fortuner blanca blindada que le regaló Álvarez. “El mismo día que llegó Jhonny Marín me ordenó supervisar un área llamada Cerro Bonito para constatar que no estuvieran trabajando en horas nocturnas porque era ilegal y tenía información de ello”, dijo. A raíz de esa supervisión, la revisión del contrato y la existencia de cláusulas “leoninas”, el presidente Sabbagh -según el escolta- destituye al gerente Juan Aníbal Vásquez y nombra a Jorge Cañas al frente de la gerencia. Luego de la destitución del jefe del departamento de aduana, Pedro Escobar, González asume la jefatura “para
El ex presidente de Ferrominera fue trasladado anoche desde la sede de la DIM en Caracas hasta la Base de Contra Inteligencia Militar Nro. 51 de Ciudad Bolívar; se estima que hoy será presentado en Tribunales. El ex presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, pagó sobornos al ex jefe de la División de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) en el estado Bolívar, el coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi, por un supuesto temor a que lo involucraran en un expediente armado sobre la base de “chismes” llamado “mafia del hierro”. En la declaración que rinde a la DGCIM el 8 de mayo, a las 5:30 de la tarde, Sabbagh cuenta las razones que lo llevaron a aceptar el pago de coimas. “Jamás sentí ni viví una presión tan grande y tan agobiante como cuando conocí al entonces mayor Álvarez Dionisio el cual mentaban Tiburón, a mediados de octubre de 2011”. Así comienza su testimonio, según consta en las actas de las entrevistas realizadas por la DIM, cuyas copias fueron entregadas al diputado Andrés Velásquez. En su historia Sabbagh dice haber conocido a Álvarez a través de una llamada del abogado de Comodities Minerals Enterprise (CME) -cliente de Ferrominera-, Gustavo Blanco, quien le comentó que estaba en Puerto La Cruz con el abogado y empresario, Yamal Mustafá, y que habían conocido al militar de la antigua DIM. Días después, cuenta, el abogado se presentó en su casa con una foto de un organigrama que había podido capturar en la oficina donde conversaron con el funcionario en Puerto La Cruz. El papel llevaba por título “mafia del hierro” y entre los personajes vinculaban al ex presidente de FMO, César Bertani, “mi nombre, la junta directiva de Ferrominera, el gerente de comercialización y venta, Juan Aníbal Vásquez, el gerente general de operaciones mineras Eleazar Villalba, la gerente general de administración y finanzas María Rodríguez, el auditor general de Ferrominera Enrique Herrera, y se señala en otro organigrama, en otra página, las empresas tradicionales de Ferrominera”. Sabbagh dice recordar, entre las lista de clientes que aparecían, a la empresa Duferco y Muszam (Investment INC) de Manuel Mustafá, sobrino de Yamal Mustafá, entre otros. “Yo le pregunté a él (Gustavo Blanco) de dónde conocía a ese coronel y él me respondió que él, es decir Gustavo Blanco, junto con Yamal Mustafá eran abogados de Luis Velásquez, que había sido detenido meses antes por el caso de las cabillas en Sidor, luego me dijo que el coronel Álvarez Dionisi quería conversar personalmente conmigo (…) Días después me dijo el abogado Gustavo Blanco que el coronel Álvarez Dionisi solamente se reuniría conmigo en la casa del abogado Yamal Mustafá”, dijo. La reunión pautada se concretó a finales del mes de noviembre de 2011. “Recibí la llamada ese día a las 5:00 de la tarde, me debía dirigir a la casa del abogado Mustafá ubicada en Villa Antillana”. Sabbagh cuenta haber conversado en la casa de Mustafá -de las cinco veces que se reunieron, dos fueron en la residencia del empresario- sobre su actividad política, el desempeño del coronel en la DIM y el caso de Luis Velásquez. Mustafá preguntó si todo estaba bien y Álvarez, según el testimonio de Sabbagh, respondió que pronto vendría una comisión a buscarlo. La reacción del empresario fue intervenir y comentar que esa decisión no era conveniente. En todo el testimonio del 8 de mayo Sabbagh no deja claro la vinculación de Mustafá con Ferrominera, ni por qué el empresario servía de enlace con el coronel Álvarez Aquél día, en aquella conversación, les extorsionó usando el expediente de la mafia del hierro. “Yo le dije que todo eso era mentira, que era chisme, él argumentó de un barco con una droga que se encontraba en los puertos de Ferrominera desde el mes de octubre, yo le dije que fue la propia Ferrominera quien hizo la denuncia sobre esa droga y que yo no tenía nada que ver con eso”. La respuesta del coronel fue “una mirada fría que nunca olvidaré y me dijo textualmente: es más difícil demostrar la inocencia preso que en libertad”, comenta Sabbagh. Fue gracias a Mustafá que llegaron a una negociación. En un papel el militar escribió “20” en referencia a 20 millones de dólares que debía pagar “a la brevedad posible” para no verse involucrado en el expediente. Llamar a un amigo “Me fui a mi casa sin saber muy bien qué es lo que iba a hacer y con gran sentimiento de impotencia, de temor por lo que había pasado, pensé sobre cómo habían actuado en la zona cuando se llevaron a Luis Velásquez, el cual tenía unos meses presos y todavía no había juicio, en ese momento mi único hijo tenía 10 meses de nacido, yo pensé que el mundo se me venía encima”. Entonces decidió llamar a los gerentes involucrados en el organigrama y solicitarles que se comunicaran con los clientes que figuraban en el documento para que ayudaran a pagar los 20 millones de dólares. La versión del ex presidente es que el ex gerente de comercialización, Juan Aníbal Vásquez, contactó a Tyron Serrao por la empresa CME, a Julio Silva representante de Duferco y no llamaron a Manuel Mustafá (dueño de Muszam, entre otras) porque “fue cliente esporádico y analizamos el hecho como un ataque político hacia la figura del gobernador, ya que mi persona está muy vinculada con el general Rangel Gómez y con nuestro gobierno bolivariano”. Para Sabbagh cualquier insinuación o comentario, sobre una empresa como Ferrominera visitada siete veces por el presidente Hugo Chávez, era contraproducente sabiendo que podrían venir de sectores del propio Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que adversan al gobernador de Bolívar. “Por eso decidimos evitar cualquier comentario y llamar a los clientes antes mencionados para que vinieran a reunirse personalmente con nosotros”. El primero en concretar la reunión fue Serrao. Según Sabbagh, el empresario -aunque molesto- decidió pagar 10 millones de dólares a lo largo del 2012. En enero de
El diputado Andrés Velásquez consignará copia del expediente de 400 folios a la Fiscalía General de la República. Pidió que se investiguen los contratos de venta de mineral y sus precios, así como los contratos de fletes, entre otras operaciones El diputado a la Asamblea Nacional por La Causa Radical, Andrés Velásquez, presentó copias de las actas de entrevistas realizadas por la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DIM) al ex presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, y a un grupo de gerentes de la estatal. La declaración del ex titular, hoy detenido en la sede militar, confirma la existencia de una red de extorsión que involucra al ex jefe de la División de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar en el estado Bolívar, coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi, y a diversos clientes de Ferrominera Orinoco. Velásquez definió la red descrita por Sabbagh como “El Cartel del hierro”, en la que estaría involucrado el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez. Aseguró que el expediente de 400 folios -que consignará en la Fiscalía General de la República- confirma la vinculación directa del gobernador en los ilícitos de Ferrominera. “Hay confesiones del ex presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, en las que señala que Francisco Rangel Gómez es su amigo y que todas las decisiones que él tomaba las consultaba con el gobernador del estado Bolívar. También se establece que Yamal Mustafá es quien opera una red de extorsión existente en la Ferrominera Orinoco”, destacó. Pagos millonarios En las dos copias entregadas a los periodistas, Sabbagh cuenta -en entrevista del 8 de mayo- cómo a partir de octubre de 2011 sintió una “presión grande y agobiante” luego de conocer al coronel Álvarez. El ex presidente dijo haber conocido al funcionario de la dirección militar a través de Gustavo Blanco, abogado de Comodities Minerals Enterprise (CME) -cliente de Ferrominera- quien en compañía del abogado, empresario y presidente del Diario Primicia, Yamal Mustafá, le había contado de la extorsión iniciada por el funcionario de la DIM. De acuerdo al testimonio de Sabbagh, Blanco y Mustafá habrían conocido a Álvarez porque ambos eran abogados de Luis Velásquez, el ex gerente de comercialización de Sidor detenido en la DIM -hoy libre por una medida humanitaria- e imputado por delitos asociados con corrupción. Del testimonio de Sabbagh se desprende que varios clientes de Ferrominera comenzaron a pagar millones de dólares al coronel, por un supuesto temor de que les armara expedientes y los involucrara con hechos ilícitos. Varias de las reuniones se dieron en la casa de Mustafá, que según Velásquez es yerno de Rangel Gómez, y varias transacciones se hicieron a través de una cuenta del empresario, domiciliada en Barbados, por una solicitud hecha por el propio coronel. Álvarez habría extorsionado al presidente de FMO y a los clientes de Ferrominera usando un supuesto expediente titulado “la mafia del hierro”, que según Sabbagh estaba armado sobre la base de “chismes”. En un primer encuentro, relata Sabbagh, el coronel pidió 20 millones de dólares a su persona y a Mustafá a cambio de no hacer uso del expediente. Investigación profunda Velásquez cuestionó que por este caso sólo se está abriendo una averiguación que tiene que ver con extorsión por el orden de 23 millones de dólares, “pero resulta que todo lo denunciado aquí, da para que, inmediatamente, tanto los fiscales del Ministerio Público actuando en el caso, como los tribunales, tuviesen que abrir de manera automática otra investigación por corrupción, algo que no han hecho todavía”. El diputado solicitó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que actúe cuanto antes. Recordó que el presidente Nicolás Maduro anunció que hay 8 detenidos, sin dar nombre alguno, sobre la pérdida de 80 millones de dólares del Fondo chino. “Le voy a decir a Nicolás Maduro que en una sola operación fraudulenta de Ferrominera Orinoco, se llevaron nada más y nada menos que 120 millones de dólares, que al cambio de 6,40 bolívares y sólo en el año 2011, nos da el monto de 768 millones de bolívares”, señaló. La denuncia la llevarán a la Fiscalía General de la República. El parlamentario propuso que se auditen los contratos de venta de mineral y sus precios, los contratos de flete, los pagos por concepto de mora, los acuerdos de compensación para la compra de equipos contra la entrega de mineral de hierro, así como el costo de manejo de la estación de transferencia. Caso abierto La investigación en Ferrominera Orinoco comenzó el 7 de mayo con el allanamiento a las gerencias de comercialización y finanzas. Ese día el ex presidente de la estatal, Radwan Sabbagh, negó haber estado en la sede de la Dirección de Contra Inteligencia Militar detenido como se informó. “No estaba detenido ni nada que se le parezca”, dijo. Un mes después de la publicación de los avances de la investigación, el presidente de la república, Nicolás Maduro, confirmó la detención de Sabbagh el 12 de junio por el desvío de fondos para el pago de unos beneficios laborales que no estaban autorizados. Hasta la fecha el Ministerio Público no ha informado qué delitos se le imputan a Sabbagh; sólo ha hecho público los imputados a Carlos Vieira, propietario de la empresa Viherca y al coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi. Los fiscales 54º nacional y 2º nacional auxiliar acusaron al militar y a Vieira por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir. Álvarez Dionisi también fue acusado por extorsión e incremento patrimonial. En una rueda de prensa el empresario Yamal Mustafá reconoció haber estado en la sede de investigación militar pero por una entrevista, así como dijo no tener ningún tipo de vinculación con los negocios de mineral de hierro.
