Los obreros exigieron el cumplimiento del artículo 106 de la Lottt, el cual establece que el trabajador debe obtener un listín de pago que desglose los conceptos de su salario, el cual no reciben desde 2017.
El exferrominero lleva dos meses tramitando la devolución de su puesto de trabajo tras 11 años de encarcelamiento injustificado, sin embargo denunció que la estatal “no ha llegado a un acuerdo respecto a su caso”.
Es el tercer documento de exigencias que los obreros del holding introducen este año en diferentes organismos del Estado con la finalidad de que se les restituyan diferentes beneficios laborales.
Obreros han visitado diferentes entes en busca de respuestas sobre la reactivación de la compañía, que tiene cinco años paralizada debido a la crisis energética.
En ese momento hubo 714 despidos injustificados en la estatal y hoy una trabajadora con orden de reenganche de la Inspectoría del Trabajo sigue fuera de la reductora porque la empresa no acata la orden.
Jubilados y pensionados en Ciudad Guayana reclaman al Ministerio del Trabajo ponerse al frente en la defensa del cumplimiento de sus derechos y beneficios incumplidos por las diferentes industrias e instituciones en la que trabajaron gran parte de sus vidas.
En 2019, 640 trabajadores fueron objeto de un despido masivo en Maderas del Orinoco, a través de una providencia administrativa.
Desde hace casi tres años, el sindicato del Complejo Siderúrgico Nacional denunció ante la Inspectoría del Trabajo el despido injustificado, este lunes el secretario general cuestionó además las prácticas antisindicales en la empresa, violando derechos laborales consagrados en las leyes.
El asesor legal del sindicato de Venezolana de Cementos denuncia que pese a suspenderse el procedimiento de despido de una trabajadora, en el despacho laboral se emitió una providencia administrativa a favor de la empresa.
De acuerdo con el secretario general de Sintracemex, Jhonny Linares, las recientes calificaciones de despido buscan crear paralelismo sindical aliado al patrono, medida que cuenta con respaldo de la Inspectoría del Trabajo. | Foto Jhoalys Siverio
