El informe señala que en el 2022 hubo 1.370 denuncias de desapariciones vinculadas a actividades criminales, sobre todo la región minera de Bolívar.
En Venezuela son catalogados de “insurgentes” debido a que son una estructura oculta de la administración de Nicolás Maduro, mientras que en Colombia son “paramilitares” porque van en contra del Estado.
La fundación publicó el 25 de julio un análisis en el que concluyen que la megabanda “aprovechó la vulnerabilidad de la diáspora de migrantes venezolanos para lucrarse a costa de su tráfico y explotación”.