
Según el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, hay 165 dirigentes opositores y activistas detenidos en el país, en su gran mayoría colaboradores de la PUD, a los que califica de “presos políticos”.
Carlos Pécora, abogado de la empresa, denunció que los tribunales de Puerto Ordaz autorizaron una medida de embargo la cual se ejecutó de forma arbitraria, ocasionando destrucción de los bienes de la compañía.
Esta ruta, que defendieron las delegaciones, no fue bien recibida por la candidata de la Plataforma, María Corina Machado, quien aseguró que no tiene nada que recurrir ante el TSJ.
Desde 2017 los bancos de sangre han venido reportando deterioro, no solo en su infraestructura, sino también en la falta de material, equipos y personal.
La alianza exigió al Gobierno nacional que respete los derechos laborales y que restituya el pago completo del ticket de alimentación.