Por medio de un post en la red social X, Juan Pappier le exigió al gobierno de Nicolás Maduro información sobre el paradero de la ciudadana.
Advierte que el gobierno también “ha intensificado sus tácticas represivas, cancelando pasaportes de críticos del gobierno para evitar que salgan del país, llamando a la ciudadanía a denunciar a manifestantes y realizando redadas abusivas”.
“Una premisa básica de cualquier elección es que debe reflejar la voluntad expresada por el pueblo y dar lugar a la transferencia pacífica del poder al candidato o candidatos vencedores de acuerdo con fórmulas preestablecidas. Repetir las elecciones porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla a este principio democrático básico”.
La asociación civil señala que los miembros del Comité de Postulaciones Electorales, designados por la AN, deben cumplir con los requisitos establecidos en la LOPE, que incluye la no vinculación con organizaciones con fines políticos.
Ocho miembros del ente electoral, afines al gobierno, renunciaron cinco años antes del final de sus siete años de mandato, dejando los nuevos nombramientos en manos de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo.
La organización internacional publicó un documento de más de 700 páginas sobre la situación en más de 100 Estados y territorios.
En la misiva, firmada por Juanita Goebertus y Tamara Taraciuk, la ONG recuerda que el gobierno de Maduro, “que se aferra al poder a través de una maquinaria represiva, no ha hecho ninguna concesión voluntariamente” en materia de derechos humanos.
El consejo ordenó en 2019 la investigación por presuntas graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela. El 7 de octubre esta instancia de la ONU acordó extender por dos años más el trabajo de la Misión de Determinación de Hechos.
La Policía Nacional de Indonesia indicó este lunes que investiga a 18 oficiales por el lanzamiento de gas lacrimógeno en los hechos que ocurrieron la noche del sábado en un encuentro de fútbol.
La organización internacional advierte que Venezuela no ha protegido a la comunidad yanomami de la violencia, el trabajo forzado ni la explotación sexual por parte de quienes desarrollan la minería ilegal.