Según dio a conocer el abogado a cargo, Jorge Sambrano Morales, el embargo a Vinccler se produjo presuntamente por deudas de la compañía derivadas de pagos insolutos del Consorcio OIV Tocoma.
El hecho se da ante una demanda para la adopción de medidas cautelares, en una acción de protección exigida por un centenar de comunidades indígenas afectadas por la contaminación.
La dictadura sigue excusándose en ataques foráneos para justificar los apagones.
“La versión oficial nos tiene acostumbrados a señalar que estas interrupciones son la resultante de sabotajes, pero a la larga no se ofrecen evidencias convincentes y suministradas por las investigaciones dirigidas por equipos con independencia de criterios”, sostiene el analista laboral, Héctor Lucena.
