
En Venezuela estos casos tienen un patrón: los cuerpos de seguridad no dan información del paradero aunque las familias recorren los centros de reclusión y preguntan si están allí; los fiscales presentan a las víctimas fuera del lapso previsto y los jueces avalan el proceso con actas falsas.
“Los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones”.