El director del OVP señaló que le preocupa la paralización del sistema de justicia con el movimiento de los internos a otras jurisdicciones porque, entre otras cosas, “el juez natural no podrá movilizarse”.
ONG han denunciado que la intervención de estas prisiones solo agravará el hacinamiento en otros recintos y no resuelve los problemas estructurales del sistema penitenciario venezolano.
Una Ventana Libre añadió que las condiciones sanitarias de los centros de reclusión no son aptas, ya que muchos no cuentan con baños, otros no tienen agua potable, muchas celdas no tienen ventilación.
Cuatro efectivos fueron secuestrados la mañana del 17 de julio por un grupo de reclusos del Centro de Atención al Detenido La Morita II, en el estado Aragua, en reclamo a mejores condiciones y la presencia de un juez y fiscales del Ministerio Público.
La ONG Una Ventana a la Libertad presentó un informe que da cuenta de al menos 72 detenidos fallecidos por tuberculosis o desnutrición, incluida dos mujeres.
Además del hacinamiento, las mujeres presas se enfrentan a la falta de asistencia médica, que incluso afecta a aquellas que tienen hijos dentro de las cárceles. Tampoco hay espacios dignos para la maternidad.
De acuerdo con el informe 2022 del Observatorio Venezolano de Prisiones, de los 76 fallecidos que se registraron solo el año pasado en las cárceles del país, 55 fueron por condiciones de salud.
El observatorio aseguró que el poder de los pranes “trasciende las paredes de las cárceles” y los convierte en jefes de estructuras criminales que usan delitos como las extorsiones y los asesinatos para atacar a la ciudadanía en general.
Carolina Girón informó que hace un año se excarcelaron 7 mil personas y en los últimos años se han cerrado 11 centros penitenciarios, pero ninguno se ha vuelto a abrir.