La organización Una Ventana a la Libertad destacó la situación de las mujeres apresadas en calabozos policiales, a quienes se les niegan espacios para su estancia, visitas o artículos de higiene menstrual.
“Ya tenemos adelantado un protocolo (…) para el uso masivo de los brazaletes electrónicos, para confinar en los hogares a quienes hayan incurrido en delitos menores o no violentos”.
El director del OVP señaló que le preocupa la paralización del sistema de justicia con el movimiento de los internos a otras jurisdicciones porque, entre otras cosas, “el juez natural no podrá movilizarse”.
ONG han denunciado que la intervención de estas prisiones solo agravará el hacinamiento en otros recintos y no resuelve los problemas estructurales del sistema penitenciario venezolano.
Una Ventana Libre añadió que las condiciones sanitarias de los centros de reclusión no son aptas, ya que muchos no cuentan con baños, otros no tienen agua potable, muchas celdas no tienen ventilación.
Cuatro efectivos fueron secuestrados la mañana del 17 de julio por un grupo de reclusos del Centro de Atención al Detenido La Morita II, en el estado Aragua, en reclamo a mejores condiciones y la presencia de un juez y fiscales del Ministerio Público.
Magaly Vázquez afirma que el sistema penal venezolano no está concebido con una perspectiva de género.
La ONG Una Ventana a la Libertad presentó un informe que da cuenta de al menos 72 detenidos fallecidos por tuberculosis o desnutrición, incluida dos mujeres.
Además del hacinamiento, las mujeres presas se enfrentan a la falta de asistencia médica, que incluso afecta a aquellas que tienen hijos dentro de las cárceles. Tampoco hay espacios dignos para la maternidad.
De acuerdo con el informe 2022 del Observatorio Venezolano de Prisiones, de los 76 fallecidos que se registraron solo el año pasado en las cárceles del país, 55 fueron por condiciones de salud.