
El descrédito del régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del 28 de julio no ha cesado. Pese a la insistencia de varias organizaciones internacionales, incluida la ONU, para que se mostraran las actas electorales con transparencia, el mandatario se posesionó y continuó gobernando.
En Cali han sido desplegados unos 11 mil policías y soldados colombianos apoyados por personal de seguridad de la ONU y Estados Unidos.
Sobre los cementerios que se expanden ante sus ojos, desde Nueva York le propone a los Estados debatir sobre “misoginia” o acerca de los “derechos reproductivos de las mujeres”, o cómo darnos una “nueva arquitectura financiera internacional”.
En un mundo al que se lo tragan las guerras, el terrorismo, los gobiernos dedicados al narcotráfico, el desprecio a la soberanía popular, para el alto funcionario lo relevante es debatir sobre “misoginia” o “derechos reproductivos de las mujeres” o acerca de cómo darnos una “nueva arquitectura financiera internacional”.
Washington anunció la imposición de sanciones a funcionarios de Maduro por violaciones a los derechos humanos y por obstruir el libre desarrollo de las últimas elecciones.
En una rueda de prensa diaria, el portavoz de Guterres, Farhan Haq, señaló que el panel concluyó su tarea en Venezuela el pasado 2 de agosto y ya “entregó un informe provisional al secretario general” que fue “compartido recientemente con los miembros de la junta del CNE”.