Esta comunidad quedó expuesta a desplazamientos forzados, enfermedades infecciosas y trata de personas a causa de la minería ilegal.
Decenas de carros y transeúntes se vieron en la necesidad de esperar en la avenida Venezuela de San Antonio del Táchira, a escasos metros de la aduana principal.
Durante 2022 la FANB ha informado del hallazgo de campamentos de grupos irregulares colombianos, incautaciones de droga, de explosivos y armas, así como de la neutralización de más de 30 aeronaves.
La organización internacional advierte que Venezuela no ha protegido a la comunidad yanomami de la violencia, el trabajo forzado ni la explotación sexual por parte de quienes desarrollan la minería ilegal.
El coordinador de FundaRedes en la entidad denunció que, aproximadamente, 200 árboles de la especie samán “han sido destrozados para financiar a los grupos armados irregulares que operan en estas zonas”.