El exjefe de la inteligencia militar de Chávez y Maduro, que inició un “proceso de colaboración” con la Justicia española, afirma que el partido español que estuvo liderado por Pablo Iglesias recibió dinero a través de Cuba y Venezuela.
El Estado criminaliza a las organizaciones que defienden los derechos humanos. Por otro lado, el derecho a la protesta se torna un riesgo mortal como le ocurrió a un manifestante en Mérida.