Los sancionados “han apoyado y llevado a cabo las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio”, indicó el Departamento del Tesoro.
El Departamento de Estado también informó que está tomando medidas para imponer nuevas restricciones de visas en virtud de “la Proclamación Presidencial 9931 a las personas afines a Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y/o son responsables de actos de represión”.
Según los documentos judiciales, en 2014 Telefónica Venezolana participó en una subasta de divisas patrocinada por el Gobierno venezolano, que le permitió cambiar sus bolívares por dólares estadounidenses.
Convocada para las seis de la tarde, la vigilia organizada por quienes desde hace casi tres meses pernoctan frente al centro penitenciario, tuvo serios retrasos. Los primeros en aparecer fueron funcionarios de la policía bolivariana y municipal de Libertador.
Al no haber una denuncia pública de algún afectado y al no contar EsPaja con el documento o una copia, no podemos dar fe de su veracidad, aunque no por ello pasa a ser falso de manera automática.
Hayón estaba preso desde el 4 de septiembre de acuerdo con la confirmación hecha por Diosdado Cabello, quien dijo que la detención del funcionario opositor fue por presunta traición a la patria.
Lamentablemente en la estatal petrolera, la historia de corrupción se repite y se repite, pero también la inacción y/o la falta de voluntad de las autoridades.
El 146 establece que el ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia.
“No he sido coaccionado ni por el Gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela, Ramón Santos. Las gestiones diplomáticas realizadas tuvieron como único propósito facilitar mi salida del país, sin ejercer ningún tipo de presión sobre mí”, aseveró en un comunicado.
Los uniformados fueron enviados a un centro carcelario y los civiles cobijados con detención domiciliaria.