El informe del MUFL advierte que no se pueden identificar patrones de crímenes raciales debido a que “el racismo en Venezuela es un tema tabú, un problema no admitido ni asumido”.
Provea considera las ejecuciones extrajudiciales cometidas en las últimas décadas que pudiesen constituir crímenes de asesinato de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma en lo referente a los crímenes de lesa humanidad.