Varias organizaciones políticas y de la sociedad civil han denunciado una serie de irregularidades en la contienda electoral de este domingo, entre ellas el cambio repentino de miembros principales de mesa y algunos testigos, actitud despótica por parte de funcionarios del Plan República y la lentitud para ingresar a las máquinas de votación.
Gonzalo Himiob destacó que el 2021 cierra con 230 hombres, 14 mujeres y un menor de edad detenidos. Además, 112 son civiles y 132 son militares.
En una carta condenan que trabajadores hayan “sido sometidos a procesos de judicialización y criminalización de sus luchas obreras y sindicales” y expresaron solidaridad con quienes están detenidos y son víctimas del retardo procesal.
Abogados del Foro Penal recuerdan que el artículo 29 de la Constitución establece que delitos de violación de DD HH “quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”. | Foto William Urdaneta
De ese número global se desprende que hay 277 hombres y 22 mujeres presos por razones políticas. La publicación ocurre horas después de la detención arbitraria de Freddy Guevara por agentes del Sebin.
Oficialmente se da cuenta de nueve migrantes muertos que iban a bordo de la embarcación que este jueves 22 de abril, naufragó en el sector Boca de Serpiente en el Delta del Orinoco. | Foto TalCual
El informe anual 2020 – 2021 de Amnistía Internacional enfatiza que la situación generada por la COVID-19 profundizó la crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela. | Foto William Urdaneta
Desde 2014 ocurrieron 15.677 detenciones por motivos políticos en Venezuela. Más de 9.000 personas continúan sujetas a “medidas restrictivas de su libertad”.
Los indígenas están bajo medidas cautelares. Pese a los cargos y el tiempo detenidos, no se comprobó su culpabilidad en los delitos de los que fueron acusados por el asalto al fuerte militar de Luepa en diciembre de 2019.
Las familias de los pemones han sido los otros afectados desde la detención, han tenido que salir de sus comunidades para garantizar que los detenidos puedan alimentarse dentro del centro de reclusión.