
Desde algunos espacios, como el de la educación, proponen crear un fondo de pensiones administrado que vaya directamente a los más de 220 mil docentes jubilados.
Fausto Romeo, director de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, destacó que la ley exonera a los emprendedores y considera que esta medida debería ampliarse hasta este sector, debido a que son un rubro prioritario.
La decisión del porcentaje a pagar por los privados era un aspecto crucial en la discusión de la normativa, pues este impuesto se sumará a la gran presión tributaria que recae en el sector privado. La medida se convierte en un peso más que el sector debe cargar ante la alta informalidad laboral y comercial en el país.
La ley contempla un impuesto de hasta 15% de lo que la empresa paga en total a sus trabajadores a través de salario y bonos.
En la propuesta, consultada por economistas y expertos, se incluiría a 10 millones de trabajadores, entre ellos más de 5 millones de pensionados.
Nouel afirma que en el 2015 se descubrió que la junta directiva de Pdvsa tomó los recursos administrados que en ese momento eran 2.347 millones de dólares “sin permiso de nadie”.
Las organizaciones de la sociedad civil venezolana instan a las partes firmantes del acuerdo y a las Naciones Unidas a actuar con prontitud y responsabilidad para crear el fondo.
Las organizaciones instan a las partes firmantes del acuerdo y a Naciones Unidas a actuar con celeridad y responsabilidad para crear el fondo y garantizar su eficacia en el uso de los recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de muchos venezolanos.
Este fondo de financiación consistiría en que varios países del mundo hagan aportes económicos a Colombia para trasladarlos a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.
Dos meses después de aquel anuncio, solo queda la incredulidad, una sensación que hoy afecta la valoración de la mesa de diálogo y su efectividad, o no, para resolver los grandes problemas de Venezuela.