Esta ley no solamente implica regular el trabajo de organizaciones sociales, sino que establece su disolución en caso de que estas no cumplan con los requisitos que establece la misma.
El objetivo final de estas estrategias fiscales y regulatorias es reducir la influencia de los colegios privados en la sociedad y consolidar el control del Estado sobre la educación y la formación de las generaciones futuras.
La CIDH destacó que el proyecto “se enmarca en una serie de actos gubernamentales que tendrían como finalidad controlar y limitar el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil y restringir el espacio cívico”.
La aprobación de esta ley de fiscalización, un hecho en desarrollo, plantea un grave peligro, y persigue convertirse en un arma disuasiva en el marco del careo político actual en un año presidencial.
Se efectuaron 31 inspecciones ambientales en 48 compañías con la participación de alrededor de 80 funcionarios entre técnicos, biólogos, científicos y fiscalizadores.
Los encuestados consideraron como problemáticas principales para el sector la competencia ante las importaciones, la confiscación fiscal y la falta de divisas en el país.