A juicio de las ONG, esta sentencia se enmarca en los “esfuerzos tendientes a estatizar la sociedad civil” y “deja abierta la posibilidad de abolir el carácter autónomo e independiente de otras organizaciones sociales en Venezuela”.
La operación se regirá por los “principios fundamentales” de humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad, ha recalcado el presidente de la FICR, Francesco Rocca.
