
Cabe destacar que, desde hace años, organizaciones ambientales y líderes indígenas han advertido sobre los efectos devastadores de la minería ilegal en el ecosistema del parque nacional.
En opinión del defensor de los derechos humanos, quitar el estatus legal a los inmigrantes atenta contra sus derechos fundamentales y los expone a situaciones de riesgo, ya que la “mayoría sigue buscando un refugio seguro y oportunidades”.
No es primera vez que el CNE se mantiene hermético sobre el tema. Incluso a la fecha no hay una publicación en Gaceta Electoral del propio cronograma, lo que significa una violación al artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y deja a discrecionalidad de los rectores la modificación de algunos de los eventos ya fijados por el organismo.
“El 82% tiene empleos informales, más de un tercio se encuentra en situación irregular y el 53% se enfrenta a obstáculos para acceder a atención médica”.
La Cámara de Comercio de Nueva Esparta advirtió que el plan de racionamiento eléctrico aplicado los ha llevado a la disminución significativa de las actividades en la región debido a que en algunos municipios se han registrado cortes de luz prolongados que van de 13 y hasta 20 horas.
Según datos gubernamentales, unos 117 mil venezolanos han llegado a Estados Unidos bajo esta política y el primer grupo que ingresó hace dos años perderá su estatus de permiso de residencia a finales de este mes.
“No ayudamos a quienes siembran el terror y atentan contra la democracia”, concluye un comunicado del Gobierno argentino.
Edmundo González, de 75 años de edad, llegó a Madrid en un avión de la Fuerza Aérea española junto con su esposa y autoridades de ese país, luego de que pidiera asilo político al considerar que en Venezuela sufría persecución política y judicial después de las presidenciales del 28 de julio.
El juez Robert M. Scola, funcionario de la justicia de Estados Unidos que está a cargo del caso, anunció que “la próxima semana” decidirá sobre el estatus del empresario colombiano acusado por varios cargos de lavado de dinero.
También expresó su preocupación por la violación del Derecho Humanitario por parte de Moscú y su “indiferencia” a las peticiones de retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano.