La aeronave, retenida en Buenos Aires desde junio de 2022 por una orden judicial durante el gobierno del izquierdista Alberto Fernández, fue vendida a Venezuela por la sancionada compañía aérea iraní Mahan Air.
Es importante recordar que la decisión de la retención y posterior traslado del avión fue tomada durante la presidencia de Alberto Fernández, y todos los procedimientos legales han sido manejados por tribunales, no por el Ejecutivo argentino.
El ministro de Transporte no señaló si César Pérez Salas estaba en calidad de testigo y “colaborando” con las investigaciones, como lo reportaron algunos periodistas oficialistas.
La decisión la ordenó el 11 de agosto de 2022 un juzgado de primera instancia, y la medida fue confirmada por la Cámara Federal de La Plata y la Cámara Federal de Casación Penal.
En un gobierno que se dice democrático, tal como lo ha repetido Nicolás Maduro en tiempos de precampaña y campaña electoral, deberían amonestarse este tipo de situaciones.
A principios de enero, una juez federal aceptó la solicitud de Estados Unidos y ordenó la entrega a la nación norteamericana de la aeronave.
Maduro nombró a sus ministros y funcionarios del Ejecutivo como padrinos, y madrinas, en los 23 estados del país y en el Distrito Capital para atender las necesidades del Buen Gobierno.
El Boeing 747 llegó este lunes al distrito sur de Florida desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, en la localidad de Ezeiza, donde partió a la 01:30 hora local (04:30 GMT).
Sostienen que al ser una aeronave sancionada debió contar con autorización del Gobierno de Estados Unidos. Le corresponde al juez federal argentino Federico Villena decidir si corresponde entregar el avión.
Hace dos días, la tripulación fue llamada a declarar a solicitud de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
