Brasil informó que seguirá protegiendo la Embajada argentina hasta que otro Estado se encargue, en respuesta al comunicado publicado por el gobierno de Nicolás Maduro, para revocar de manera “inmediata el beneplácito”, concedido para ejercer la representación de los intereses de la República Argentina y sus nacionales en territorio venezolano.
Desde agosto, Brasil se ocupa de la vigilancia de las sedes diplomáticas de Perú y Argentina en Venezuela, así como de la representación de sus intereses y ciudadanos en el país, tras la expulsión de los miembros de ambas legaciones.
Elisa Trotta, miembro del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, expresó que el gobierno de Maduro violaba al menos cinco convenios sobre relaciones diplomáticas al cortar servicios eléctricos y rodear la residencia con encapuchados armados.
El abogado explicó que el caso contra el aspirante presidencial opositor no debió ser judicializado porque no tiene que ver con los hechos a los que hizo mención la Fiscalía.
Hasta el momento no hay evidencia, ni declaraciones oficiales del Gobierno venezolano. Argentina especula que el mismo Estado está involucrado en el hackeo, sin embargo, no aclararon de dónde surgen estas sospechas.
El diario La Nación confirmó la información con fuentes de la Casa Rosada y el Palacio San Martín, lo que se traduce además en un acercamiento entre Milei y el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva.
No se sabe qué harán los refugiados cuando el personal diplomático de Argentina deba salir del país porque no tienen salvoconductos: el chavismo se los negó.
Desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania son centenares los soldados colombianos que han ido a la guerra atraídos por la recompensa económica y decenas de ellos han muerto en combates.
Para votar en Venezuela es necesario cumplir con la Ley de Procesos Electorales, la cual en su artículo 41 señala que el sufragante debe ser venezolano, mayor de edad y estar inscrito en el Registro Electoral Permanente.
“No han sido presentados ante los tribunales correspondientes, lo cual es evidencia clara de una violación a los derechos humanos, el debido proceso y el derecho a la defensa”, recalcó Mora Tosta.