El origen de la Relatoría habría que ubicarlo en julio de 1997, cuando en la conferencia hemisférica convocada por la SIP se pidió a la CIDH la creación de la Relatoría especial para la libertad de expresión. Fue la recomendación número 25, votada por la unanimidad de más de una cincuentena de “notables” del continente y de Europa.
Ante el auge de medios digitales independientes, son estos el blanco del régimen para censurar y coartar la libertad de expresión.