En ese momento hubo 714 despidos injustificados en la estatal y hoy una trabajadora con orden de reenganche de la Inspectoría del Trabajo sigue fuera de la reductora porque la empresa no acata la orden.
Un trabajador de Masisa devenga alrededor de 20 dólares mensuales, aun cuando la empresa firmó un acta convenio en 2018, en la que se comprometió a hacer ajustes salariales que permitieran a los empleados llegar al costo de la cesta básica.