Las órdenes fueron ejecutadas por Jorge Iván Laverde, alias ‘Iguano’, quien tras las denuncias e investigaciones de la Fiscalía de Cúcuta sobre la existencia de hornos para incinerar personas, decidió que las víctimas fuesen enterradas en territorio venezolano.
Las exigencias de muchos propietarios los dejan incluso a ellos en una posición complicada, ya que no consiguen alquilar sus propiedades porque ningún posible inquilino se ajusta al perfil que buscan en un intento por aminorar los riesgos que implica alquilar en Venezuela.
Según un primer balance aportado por la propia ministra de la Salud, Magaly Gutiérrez, informó que la quema de estos insumos medicinales dejaba sin tratamiento a más de 7 mil pacientes de los programas de hemodiálisis y diálisis peritoneal en todo el país.
El incendio según las primeras hipótesis, se produjo cuando un rayo impactó en la base de depósitos de combustibles y sobrepasó las capacidades del sistema de pararrayos.