
Entre el 13 de marzo y el 13 de mayo, 85 personas fueron detenidas ilegalmente. Los apresados exigían la restitución de los servicios como agua, electricidad, gas doméstico, acceso a la alimentación y combustible, concluye el más reciente informe del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).